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ADELANTO DE UNA INVESTIGACIÓN QUE ESTOY REALIZANDO:



Como he dicho, al llegar al Perú la situación era crítica para San Martín, máxime si la mayor cantidad de nuestro territorio todavía se encontraba bajo dominio de los representantes del gobierno español y no le constaba fehacientemente, a pesar de las manifestaciones a favor, antes, durante y después de su desembarco, que la población en el Perú estuviera de acuerdo con ese anhelo de libertad. Es por ello que se lee en una de las memorias de la época, escrita por un contemporáneo de origen español, que no fue la opinión pública la que fundamentó e hizo realidad la idea de la independencia, sino el devenir de los sucesos, los que condujeron a la separación de los territorios coloniales de la metrópoli española.
«No fue, pues, en nuestro concepto la fuerza general de la opinión lo que redujo en estos momentos á la orilla del precipicio el dominio del Rei, sino la fatalidad del destino, i el mismo curso irresistible de los sucesos. Porque si hubiera sido lo primero ¿cómo habrían podido los gefes realistas levantarse á los pocos meses de su abatimiento, organizar nuevos ejércitos de los exclusivamente hijos del país, porque ya los europeos habían quedado reducidos á mui corto número, apoderarse de la mayor parte del virreinato i sostener la guerra con brillo por el espacio de cuatro años?» .
Y es por esa situación de incertidumbre, dando al parecer respuesta a los impulsos de sus asesores, emitió el Protector un Estatuto Provisorio, en el cual no solo regulaba los lineamientos básicos que debía seguir su gobierno en el Perú sino además daba forma a una especie de cadenas de las que se buscaba sujetar a los siguientes, especialmente a los legisladores constitucionales de la naciente república peruana. Nos dice, por ejemplo, Germán Leguía y Martínez, en su monumental obra sobre el Protectorado (seis tomos), que le fuera publicada póstumamente, aunque ya habían aparecido anuncios publicados en diferentes revistas, que:
«El Estatuto envolvía más que la erección de la forma republicana, de la que apenas si se esbozaban algunos rasgos y contornos, la institución de la dictadura; pues ponía, expresamente, en manos del Protector, por determinación única suya, los poderes ejecutivo y legislativo; y sólo dejaba exentas de la absorción, ya que no la fuente, por lo menos las funciones mismas del poder judicial. Naturalmente, a la usanza de la época y más que todo por la gravedad del acto, comenzaba éste por una exposición de motivos, y aun de intenciones y propósitos, llamada a exculpar la usurpación definitiva del mando supremo y la imposición por la fuerza de la personalidad que así se arrogaba la facultad de ejercerlo; personalidad ciertamente meritísima, pero en todo caso extraña» .
El Estatuto provisorio se diferencia del Reglamento provisorio en que el segundo fue una norma de emergencia, mientras que la primera significó el planteamiento de una tesis normativa, también durante una emergencia, pero no debido a la emergencia, sino más bien con el fin de brindar determinadas orientaciones para la elaboración de la futura Constitución, que sería obra de la asamblea constituyente que el mismo San Martín convocara.
Se le critica a San Martín el hecho de haber en la práctica usurpado la dirección de los impulsos independentistas, creando e instalándose en el Protectorado sin que se lo hayan solicitado y asumiendo, como se ve en el Estatuto y las normas que dictó, las funciones que le correspondían al pueblo soberano. Pero, si no existe gobierno y mucho menos la manifestación autonómica de un pueblo soberano ¿qué poder o facultad se ha usurpado? La respuesta es: ninguno. Pues no le quedó más que asumir y encabezar lo que nadie había hecho hasta ese momento: la dirección de las intenciones en pro de la independencia del Perú. Ya se habían producido algunos hechos, los cuales con anterioridad buscaron el rompimiento de los lazos que unían al Perú con España, vínculos regios y anacrónicos incluso en aquellos momentos, pues desde el siglo XVIII se respiraba el aire de la libertad y de la independencia, contrarios a los criterios de sujeción y colonialismo, instituciones jurídicas que no necesariamente iban de la mano con los nuevos tiempos, siendo éstos los que manifestaban que el sistema se venía abajo, como en caída libre, necesariamente conducidos hacia su eliminación, sin que todo eso le quite el valor enorme y la originalidad de la conducta de don José de San Martín.
En la exposición de motivos, que más bien considero es una presentación del texto, pues no comenta o justifica las reglas que luego declara, aunque se puede entender entre líneas la filosofía que impulsa el tener que emitir una regulación constitucional de ese tipo, se nos explica que el objetivo de la norma provisional constitutiva del nuevo Estado peruano, era construir el «mejor régimen de los departamentos libres». Esto se hacía «ínterin se establece la Constitución permanente del Estado». Es decir, que ante la desorganización del gobierno en los departamentos que se habían manifestado por la independencia y, en donde supuestamente el gobierno lo tenían las fuerzas emancipadoras, era necesario regular el ejercicio de las funciones estatales; y, ante esa necesidad, era preciso también tener presente que los pueblos liberados no poseen, todavía la capacidad para auto regularse, por lo que mientras no se establezca una constitución, bueno es imponerles a las citadas comunidades una forma de percibir su propia vida política.
Resulta por demás curioso que el recientemente auto nombrado Protector señale en el texto del Estatuto que «reasumió» el mando supremo, pues eso da a entender que lo había tenido antes, lo que es completamente falso, pues tenía recién un año en nuestro suelo. Lo que ocurrió, entiendo, es que al gobierno español se le consideraba usurpador del mando supremo que tenían los pobladores autóctonos, me refiero a la población andina, especialmente a la etnia quechua que dominaba el Tahuantinsuyo. Por ello, como si fuera heredero del mundo andino, el Protector suscribe el Estatuto indicando que «reasume» el gobierno, en el entendido que le devuelve el poder al pueblo del Perú, por ser la nación que goza del derecho a autogobernarse.
Incluso expresa que pudo proponer el Estatuto como una verdadera constitución, reconociendo derechos a los ciudadanos, y no, como lo era en la realidad, una regulación impuesta por un gobierno de facto, es decir, a la fuerza:
«Yo habría podido encarecer la liberalidad de mis principios en el Estatuto Provisorio, haciendo magníficas declaraciones sobre los derechos del pueblo, y aumentando la lista de los funcionarios públicos para dar un aparato de mayor popularidad a las formas actuales. Pero convencido de que la sobreabundancia de máximas laudables, no es al principio el mejor medio para establecerlas, me he limitado a las ideas prácticas que pueden y deben realizarse».
Un primer aspecto a resaltar del texto anterior es que los principios de don José de San Martín eran la columna vertebral no solo de su conducta política y militar, sino de toda su vida, siendo por ellos que reconoce que se pone «al frente de una administración difícil y de vasta responsabilidad». ¿Cuáles eran estos principios? El mismo texto los menciona de manera un poco velada: en primer lugar, «dejar puestas las bases sobre [las] qué deben edificar los que sean llamados al sublime destino de hacer felices a los pueblos», es decir, que si bien parte de reconocer que son otros los llamados legítimos a autoregularse, no escapa de su responsabilidad frente a los peruanos que aceptaron las ideas de la independencia y por ello sienta las bases, los puntos necesarios, para que se inicie la elaboración de los lineamientos constitucionales de la nueva nación; en segundo lugar, si se ha «encargado de toda la autoridad [es] para responder de ella a la Nación entera», lo que significa que como cualquier otro funcionario del Estado su poder proviene del derecho de los pueblos y no de una mandato divino, siendo responsable toda autoridad, por el cumplimiento de sus deberes, ante el pueblo mismo al que sirve; y, en tercer lugar, ser transparente en todos sus actos públicos, pues por ello ha «declarado con franqueza [sus] designios, para que se juzgue de ellos según los resultados», siendo esta la base fundamental de toda actividad «pública», puesto que este término no solo guarda relación con las actividades del Estado sino también con el conocimiento que debe tener todo poblador de las actividades de sus autoridades, dentro de la realización de sus funciones, importando las de la vida privada solo en cuanto puedan afectar las oficiales. Esas son las razones que motivaron que dejara su actividad de soldado para ponerse a cargo de una labor que es claro que está destinada a los ciudadanos del orden civil y no a los militares. Su deseo de servir era mayor que el de simplemente luchar, naciéndole este último de su formación de soldado.
Más aún, resulta obvio que San Martín tenía una visión muy clara de la situación en la que se encontraba el virreinato peruano, reconociendo que era muy pronto para elaborar un texto definitivo que regule las conductas del Estado. Con respecto a la no creación de puestos públicos, nos demuestra nuevamente la perspectiva de estadista del Protector, ya que resulta adecuado que sin tener el dominio total de los territorios no se nombre ni cree nuevos cargos políticos, salvo los que sean necesarios para mantener la armonía social en las zonas liberadas o que se liberen. Es por ello también que indica que asume los poderes ejecutivo y legislativo, pero expresa categóricamente que jamás asumirá las labores propias del poder judicial. Debemos recordar que los monarcas tenían bajo su dirección y arbitrio las tres funciones mencionadas. Don José de San Martín no se consideró un monarca –aunque tuviera la idea de una Monarquía constitucional, asunto del que no haya demasiadas pruebas-. Y explica que no asumirá las funciones judiciales «porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo; y nada importa que se ostentes máximas exquisitamente filantrópicas cuando el que hace la ley o la ejecuta, es también el que la aplica». Por todo eso, señalaba:
«Antes de exigir de los pueblos el juramento de obediencia, yo voy a hacer a la faz de todos el de observar y cumplir el Estatuto que doy por garante de mis intenciones. Los que con la experiencia de lo pasado mediten sobre la situación presente, y estén más en el hábito de analizar el influjo de las medidas administrativas, encontrarán en la sencillez de los principios que he adoptado, la prueba de que yo no ofrezco más de lo que juzgo conveniente cumplir; que mi objeto es hacer el bien y no frustrarlo, y que conociendo en fin la extensión de mi responsabilidad, he procurado nivelar mis deberes por la ley de las circunstancias, para no exponerme a faltar a ellos».
En estas palabras se encuentran los límites o principios del San Martín político, que unidos a sus dotes de estratega militar, que logró vencer a los andes y llevar la lucha de la independencia hasta las puertas del bastión más importante del gobierno español en sus colonias, y que había significado con su apoyo la limitación del actuar de la junta de gobierno de Buenos Aires y la extinción de la de Venezuela, sustentan la totalidad de su existir como servidor de aquel a quien considera su pueblo, la América toda, sin distinciones ni demarcaciones. Él nos dice en el texto, que antes de esperar el compromiso de los demás, siempre ofrecerá, haciéndolo práctico mediante un juramento, el suyo. Luego, nos dice que él jamás ofrecerá más de lo que pueda cumplir, mostrándose sincero y honesto, asunto claramente diferente a algunos de nuestros políticos de ese tiempo y a muchos de los actuales, máxime si reconoce que el objeto de su actuar es «hacer el bien y no frustrarlo». Por último, acepta, que conoce hasta dónde llegan sus responsabilidades, es decir, el límite de sus deberes, por lo que ha procurado «nivelar» estos con la «ley de las circunstancias», que no es otra cosa que los designios de lo práctico y de lo útil, columnas que sostienen cualquier trabajo que realiza un funcionario del Estado.
Considero, además que hay que resaltar la tesis manejada por el Protector sobre la naturaleza del servicio público. El expresa que las funciones de los servidores es una especie de «depósito», el cual debe ser devuelto («con la conciencia de haberlo mantenido fielmente») al término de su mandato. Según nuestro diccionario de la lengua, el «depósito», en su acepción más cercana al texto del Estatuto, es un «[c]ontrato por el que alguien se compromete a guardar algo por encargo de otra persona». Entendiéndose por contrato al acuerdo, que en este caso toma la forma de juramento, con el que se asume una función pública tan importante como la de Protector y que él menciona hará antes de exigirle a cualquier ciudadano que lo realice. Es el primero entre sus iguales, recordándonos el pasaje bíblico en el que Jesús expresa que «el que aspire a ser más que los demás, se hará servidor de ustedes».
Por ejemplo, en el Código civil de la Confederación peruano boliviana de 1836, se lee que el «depósito», además de ser un contrato, es un «acto por el que se recibe la cosa de otro con cargo de guardarla y restituir en especie» . «Acto» es cualquier realización fenomenológica del ser humano; «cosa» son los bienes u objetos; y «cargo» se refiere a una obligación o deber, lo que hasta ahora se usa en los registros públicos cuando se hace referencia a los gravámenes o cargas (o cargos). Es decir, el que se compromete a recibir un bien u objeto de otro, pactándose el que éste devuelva dichos bienes u objetos al que se los entregó, crea para el que los recibe una obligación que no puede eludir. Es su deber.
Por último, don José de San Martín expone la influencia de la fraternidad a la que pertenece. No hay que olvidar que el Protector fue miembro de la Francmasonería, ostentando altos grados y con mucha experiencia en ella. Nos resume su proyecto de vida y su anhelo, que no es otra cosa que dejar en paz y organizado de manera armoniosa al Perú, para poder alejarse de la vida pública, y le pide al «Grande Hacedor del universo» que el país goce de abundancia y éste siga influyendo favorablemente sobre las «generaciones venideras». En la masonería el nombre con el que también se denomina al Gran Hacedor es el de Gran Arquitecto del Universo.
«Si después de liberar al Perú de sus opresores, puedo dejarlo en la posesión de su destino, yo iré a buscar en la vida privada mi última felicidad, y consagraré el resto de mis días a contemplar la beneficencia del grande Hacedor del universo, y renovar mis votos por la continuación de su propio influjo sobre la suerte de las generaciones venideras».

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